El Ministerio de Hacienda ha solicitado formalmente al Banco Central de Costa Rica (BCCR) la lista de números telefónicos que realizan más de 100 transferencias mensuales por Sinpe Móvil, el sistema que permite enviar y recibir dinero usando el número de celular.
La solicitud, presentada en enero de este año y confirmada en el acta 6265-2025 de la Junta Directiva del BCCR, apunta a “entender el funcionamiento del sistema” y a evaluar su potencial como mecanismo de control y retención de impuestos.
Actualmente, Sinpe Móvil cuenta con 4,1 millones de números registrados en todo el país, lo que lo convierte en uno de los medios de pago más utilizados por la población costarricense. Sin embargo, el Banco Central ha señalado que no siempre es sencillo distinguir cuáles de estas transacciones son de carácter comercial y cuáles responden a operaciones personales, lo que complica cualquier control tributario directo.
Según explicó Ana María Cerdas Jaubert, de la División de Sistemas de Pago del BCCR, Hacienda argumenta que el diseño actual del sistema podría facilitar la evasión fiscal. En particular, el ministerio estaría interesado en detectar a quienes usan Sinpe Móvil como canal para ventas de bienes y servicios sin declarar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Es importante recordar que la obligación de declarar y pagar el IVA recae sobre la persona física o jurídica que recibe los fondos por una transacción comercial. Esto significa que, si un emprendedor, negocio o trabajador independiente recibe pagos por este medio y no los reporta, podría enfrentarse a sanciones por evasión.
El tema abre un debate nacional sobre privacidad, fiscalización y economía digital. Mientras algunos sectores defienden el control como una medida necesaria para evitar la competencia desleal y la evasión, otros alertan sobre posibles riesgos de intromisión en las transacciones personales y la necesidad de regular con cuidado para no frenar la inclusión financiera.
De avanzar esta iniciativa, Hacienda podría contar con una base de datos de los usuarios más activos, lo que marcaría un precedente en la fiscalización de pagos digitales en Costa Rica.
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